Primeros Apuntes sobre el Proyecto de Ley que regula la identificación de Tenedores de Participaciones Sociales - CADE Profesionales y Empresas

enero 2012

DRA. ALICIA BARRAL ROCHA - DR. AUGUSTO CIBILS BUELA

Alicia Barral es Senior del área de servicios legales y tributarios en la oficina de Montevideo de PwC Uruguay. Cuenta con más de 5 años de experiencia en asesoramiento legal y tributario a compañías multinacionales que invierten en Uruguay, con especialización en compliance societario y planificación tributaria internacional. Se graduó como Abogada en la Universidad de la República Oriental del Uruguay y ha culminado el Master de Derecho de la Empresa en la Universidad de Montevideo (Uruguay). Se ha especializado en derecho societario a través de cursos en la Universidad de la República Oriental del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay. Ha participado en la Cátedra de Derecho Comercial de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es miembro del Colegio de Abogados del Uruguay.

Augusto Cibils es Gerente del área de servicios legales y tributarios en la oficina de Montevideo de PwC Uruguay. Cuenta con más de 7 años de experiencia en asesoramiento legal y tributario a compañías multinacionales que invierten en Uruguay, con especialización en compliance societario y planificación tributaria internacional. Se graduó como Abogado en la Universidad Católica del Uruguay y como Escribano en la Universidad de la Empresa. Actualmente se encuentra finalizando el Master en Técnica Tributaria de la Universidad de Montevideo (Uruguay). Se ha especializado en derecho societario a través de cursos en la Universidad de la República del Uruguay y el Colegio de Abogados del Uruguay. Ha participado en la Cátedra de Derecho Comercial de la Universidad Católica del Uruguay y tiene publicado trabajos en materia tributaria y societaria. Es miembro del Colegio de Abogados del Uruguay y de la Asociación de Escribanos del Uruguay.

El pasado 27 de diciembre de 2011, el Poder Ejecutivo remitió al Parlamento un Proyecto de Ley en el cual se instrumenta la forma en que debería identificarse a los titulares y beneficiarios finales de participaciones al portador y nominativas en sociedades y demás entidades nacionales, o extranjeras con actividad en nuestro país.

A continuación presentamos un resumen de los principales contenidos de este Proyecto de Ley.

INTRODUCCIÓN

Sobre fines del 2011, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó a Uruguay revisar el régimen de anonimato en las participaciones de capital, así como avanzar en la firma de acuerdos que permitan intercambiar información relevante en materia tributaria con socios comerciales relevantes (tal es el caso de Argentina y Brasil).

Cabe recordar que la OCDE realizó a Uruguay una revisión de pares (peer review group), procedimiento por el cual se evalúa el grado de cumplimiento de los estándares internacionales. Nuestro país ha suscrito los acuerdos que permiten el intercambio de información tributaria según los estándares de OCDE, pero para pasar hacia la fase dos de dicho proceso de revisión, siguen existiendo requerimientos por cumplir. Por un lado, que se firmen acuerdos de intercambio de información con socios comerciales relevantes y por otro, que se revise el régimen de participaciones al portador existente en nuestra jurisdicción, que dificulta el acceso a información de sus titulares.

La reacción por parte del Gobierno uruguayo no se hizo esperar. Como es de público conocimiento, se inició la negociación con Argentina y Brasil para acordar los términos de un tratado para evitar la doble imposición y regular el intercambio de información en materia tributaria. Asimismo, a fines del 2011, se remitió al Parlamento el Proyecto de Ley por el cual se regula la identificación de los titulares y beneficiarios finales de participaciones al portador y nominativas en sociedades y demás entidades nacionales o extranjeras con actividad en nuestro país.

De la exposición de motivos surge que el propósito del Poder Ejecutivo es avanzar hacia una convergencia técnica con los estándares internacionales, tanto en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo como de transparencia fiscal internacional en materia tributaria. Es por ello que se elaboró dicho Proyecto de Ley, recogiendo las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera para Sudamérica (GAFISUD) así como por el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Tributaria, con el objetivo de “lograr la disponibilidad sobre la información referida, al tiempo que pretende mejorar las condiciones de acceso a la misma” (sic).

ANÁLISIS DEL ARTICULADO

Surge del propio texto del Proyecto, y se menciona expresamente en su exposición de motivos, que la solución seguida por el Poder Ejecutivo fue mantener vigente el régimen de acciones al portador regulado por la Ley de Sociedades Comerciales Ley No. 16.060, por lo que no sería necesario modificar los artículos que en la materia se incluyen en dicha Ley. Esto, porque se entendió que de disponer la transformación de acciones al portador en nominativas (solución adoptada por otras jurisdicciones), ocasionaría dificultades al objetivo planteado y que fuera referido anteriormente.

No modificándose el régimen de acciones al portador, y a fin de poder cumplir con los requerimientos de la OCDE en este sentido, es que se proyectó esta Ley tomándose como modelo para buscar una solución a este tema, el sistema implantado por el Gobierno Alemán.

A continuación, resumimos las principales innovaciones del articulado en cuestión:

i. El proyecto abarca a las acciones al portador, acciones nominativas, acciones de goce, cuotas partes en fondos de inversión, así como cualquier otro título que pueda consignar derechos a la participación en los beneficios u otros derechos. El texto proyectado incluye asimismo a los beneficiarios de fideicomisos. En el caso de las sociedades, se incluye asimismo las variaciones de participaciones en el capital de las mismas.

ii. Se establece que las sociedades deberán informar a la Dirección General Impositiva (DGI) los datos identificatorios de los propietarios, tenedores, custodios y beneficiarios finales de acciones al portador. La información será suministrada mediante una declaración jurada y los datos específicos que deberán aportarse serán establecidos en una futura reglamentacióni.

Como vemos, el proyecto prevé que en todos los casos sea la entidad emisora (por ej. Sociedad, Fondo, Fideicomiso, etc) la encargada de comunicar la información a la DGI a través de una declaración jurada, en base a la información proporcionada por los titulares de las participaciones o las que surjan de sus registros, según los casos como veremos a continuación.

En el propio articulado, se establece que la información proporcionada estará amparada por el secreto tributarioii.

Para el caso de las acciones al portador, los propietarios tendrán la obligación de comunicar a la entidad emisora la información requerida a través de una declaración jurada. El destinatario final de la referida información será la DGI a través de una nueva declaración jurada emitida por la entidad emisora, que comunicará la información recibida por él/los propietarios y el porcentaje de participación en el capital social.

Respecto a las declaraciones juradas, las mismas deberán ser conservadas por las entidades emisoras en las mismas condiciones que los libros sociales obligatorios en las sociedades anónimasiii. En el caso de los fideicomisos, la información será suministrada por el beneficiario al fiduciario, quien será el responsable de suministrar la misma a la DGI.

En el caso de acciones nominativas, la obligación de suministrar la identidad recae en cabeza de la entidad emisora porque la misma está obligada a llevar un registro permanente de sus titulares, (Libro de Registro de Títulos Nominativos) de modo que tendría conocimiento de la información requerida.

iii. Se introduce la figura del “beneficiario final”....................

i ARTÍCULO 5°.- (Datos identificatorios). Los datos identificatorios del propietario o beneficiario final, y del tenedor o custodio, a que refieren los artículos anteriores deberán permitir conocer inequívocamente a la persona física o jurídica que esta ley obliga a identificar. La reglamentación establecerá los requisitos apropiados para la identificación.

ii Código Tributario, Artículo 47. (Secreto de las actuaciones).- La Administración Tributaria y los funcionarios que de ella dependen, están obligados a guardar secreto de las informaciones que resulten de sus actuaciones administrativas o judiciales. Dichas informaciones sólo podrán ser proporcionadas a la Administración Tributaria y a los Tribunales de Justicia en materia penal, de menores, o aduanera cuando esos órganos entendieran que fuera imprescindible para el cumplimiento de sus funciones y lo solicitaren por resolución fundada. La violación de esta norma apareja responsabilidad y será causa de destitución para el funcionario infidente.

iii Ver Capítulo III del Código de Comercio, en lo aplicable. Destacamos la obligación de custodia de los libros sociales es por el plazo de 20 años contados desde el cese de su giro o comercio, según lo dispuesto en el art. 80 del referido cuerpo normativo.

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